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| La situación es cada vez más difícil en las carceles. |
Los
centros penitenciarios del país, tanto del nuevo modelo como del tradicional,
aún ocurren prácticas irregulares que violentan los derechos de los privados de
libertad, entre ellas maltrato físico y verbal y la delegación del régimen
disciplinario a un comité integrado por reos, a los cuales se les permite
portar armas de fuego e imponer las sanciones disciplinarias.
Así lo establece la Oficina Nacional de
Defensa Pública (ONDP) en su Informe Anual 2017, que recoge denuncias de los
Defensores Públicos y de la Comisión Nacional de Cárceles sobre acciones
violatorias de la Ley 224 sobre Régimen Penitenciario y las Reglas Mínimas de
Tratamiento en los Centros de Reclusión.
La ONDP dice en el Informe que, pese a
que está prohibido que la función de disciplina sea concedida a los presos, en
los recintos penitenciarios del modelo tradicional regularmente se conforma un
“Comité de Disciplina” con un representante general de los internos, denominado
“Probó”, nombrado por la Alcaldía, y que en ocasiones se permite que sea
elegido por los mismos internos.
El control del “Probó”
Sostiene que el “Probó” tiene
representantes en cada celda que tenga el recinto, y que a estos se les otorga
la facultad de aplicar sanciones, poniendo como ejemplo lo ocurrido en la
Cárcel del Kilómetro 15 de Azua, donde el representante general disponía, si se
encontraba a algún interno robando, colocarlo por espacio de una hora en el
sol, acostado en el patio, como también darle dos palos.
Indica que esa situación se da también
en la Fortaleza Duarte del municipio San Francisco de Macorís, donde el
representante regularmente es quien sugiere al Alcaide a cuáles internos hay
que enviar al área de aislamiento, denominada el “bunker”.
A los integrantes de estos comités,
reseña la ONDP, se les autoriza determinada cantidad de armas, ya que las
portaban frente a las Autoridades de Seguridad y Alcaides, entre ellos machetes
o palos, como mecanismo de defensa para que se protejan y para que logren la
armonía anhelada dentro de los recintos. Señala el informe que los Defensores
Públicos observaron que en la cárcel del 15 de Azua el “Probó” siempre tenía
encima un machete, al igual que cada miembro de su Comité.
Establecen en el documento que mientras el
representante de la Fortaleza Palo Hincado, de Cotuí, transitaba desarmado, las
veces que la Comisión de Cárceles y la Coordinadora de la Defensa Pública de
esa jurisdicción tuvieron la oportunidad de conversar con él, “tenía un séquito
de más de 30 internos pertenecientes a su Comité que se encontraban armados con
machetes, cuchillos y palos”.
Destaca que en la Cárcel Pública de Baní
había integrantes del “Comité” con palos y cuchillos.
CONTIÚA EL MALTRATO FÍSICO CONTRA LOS PRIVADOS
DE LIBERTAD
En el documento, la ONDP reseña el
maltrato verbal y físico de cuatro internos en el Centro de Corrección y
Rehabilitación de Moca por parte de un subdirector de seguridad, así como de
dos agentes penitenciarios.
Señala que a uno de ellos se le provocó
una lesión en el oído por haber sido golpeado por el subdirector (al cual no
identifica) con las palmas abiertas en el oído, por presuntamente vender
sustancias controladas.
Indica que otro interno recibió una
trompada de un agente por freír plátanos sin autorización previa, y que un
tercero recibió golpes en brazo y glúteos por presuntamente ocupársele una
“puya”.
“Cabe indicar que uno de los agentes
señalados en esta denuncia, también había sido denunciado por otros internos,
pero cuando este se encontraba en los CCR´s, El Pinito, de La Vega; y en Rafey,
Santiago”, puntualiza el informe de la ONDP, que dirige la doctora Laura
Hernández.
Narra el caso de otros dos internos
recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey, de Santiago,
quienes denunciaron a los Defensores Públicos maltrato físico y verbal, por
parte de un vigilante penitenciario.
Precisa que esa situación fue comprobada
por Elizabeth Rodríguez, miembro de la Comisión de Cárceles, un órgano creado
por el Consejo Nacional de Defensa de Pública para velar por el respeto de los
derechos fundamentales de las personas detenidas y las internas en los centros
penitenciarios. Según determinó esa Comisión, uno de los reos tenía moratones
en un costado y el otro estaba botando secreciones por un oído, en el que había
recibido los golpes.
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